La Gloria, Cesar. 6 de marzo de 2025. @AgenciaTierras.
Detrás de cada heredera de la Reforma Agraria del Gobierno del Cambio hay una historia de dolor y lucha que impulsa a las mujeres campesinas a abrirse camino para proveer el sustento de sus familias, poder vivir en paz y dejar atrás los episodios que han marcado sus vidas.
Carmen Arides López, nacida en el corregimiento de Otaré, en Ocaña (Norte de Santander), y Lina Marcela Sandoval Mayorga, oriunda de Pelaya (Cesar), son una muestra de resiliencia. La primera, con 63 años, llegó a suelo cesarense cuando tenía 15, desplazada por la violencia que se empeña en asolar los campos colombianos; la segunda, de 28 años, tuvo que recorrer varios territorios, en principio, abandonando su tierra natal junto a sus padres y hermanos y dejando sus pertenencias, porque los violentos así lo decidieron cuando asesinaron a uno de sus seres queridos.
A ambas, criadas en el campo, aunque no se conocen, las une el desplazamiento forzado, ese mismo que ha llevado, desde hace más de 60 años, a millones de campesinos a abandonar la tierra donde se produce el alimento para la vida. Ante las adversidades, Carmen y Lina reconocen que sus vidas han cambiado, gracias a las tierras que han recibido del único gobierno progresista que le apuesta a privilegiar a los sin tierra o a los que algún día la tuvieron, pero se la quitaron.
En sus relatos, con tono de tristeza, dan cuenta de lo que han tenido que padecer para llegar a una justicia social agraria que se materializa con la entrega de un pedazo de tierra para labrarla y sacar de ella el alimento para los suyos y, de paso, garantizar la seguridad alimentaria de quienes habitan en los centros urbanos.
Carmen Arides vive desde hace 13 meses en un pedazo de tierra entregado en provisionalidad por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y validada en noviembre pasado por el presidente Gustavo Petro. En compañía de su esposo, Jorge Eliécer Piza, se dedica a las labores agrícolas y también a criar gallinas y una manada de gatos abandonados que han encontrado refugio en su parcela. Siente incertidumbre porque esa tierra, que hace parte de un litigio judicial, podría derivar en la devolución al propietario.
Recientemente, ella y las 126 familias que habitan el predio El Amparo, de 1.066 hectáreas, ubicado en el corregimiento de Simaña, del municipio cesarense de La Gloria, han sido hostigadas por terceros que las llaman invasoras, a raíz de una decisión de la Fiscalía que levantó la medida de secuestro del bien que ocupan, el cual hace parte de un negocio entre la SAE y la Agencia Nacional de Tierras, por enajenación temprana.
“Desde mi niñez he sido desplazada, y sigo siendo desplazada a toda hora, ya yo estoy cansada de tanto desplazamiento”, expresa con pesar esta campesina que, al igual que los ocupantes legítimos de El Amparo, vivió uno de los episodios más violentos de su vida, al hacer parte hace 29 años del desplazamiento masivo de más de 200 familias de la hacienda Bellacruz, provocado por un grupo paramilitar comandado por alias Juancho Prada, en defensa de la familia del exministro y exembajador Carlos Arturo Marulanda. Ese episodio tuvo amplia repercusión nacional por la violencia ejercida por los actores armados al asesinar, torturar e incluso abusar sexualmente de varias campesinas.
A pesar de las circunstancias, narra con entusiasmo la alegría que siente de vivir en el campo, cultivando ahuyama, plátano y otros productos de pancoger, y confía en que la tierra que hoy labra junto a su esposo servirá para asegurar una vejez digna y dejarle un patrimonio a sus nietos.
Entre tanto, el relato de Lina Marcela da cuenta de las vicisitudes de su vida que la han llevado de un lado para otro desde hace más de seis años, cuando uno de sus hermanos fue asesinado delante de la comunidad, y tuvo que buscar refugio junto con su familia donde una pariente en territorio santandereano.
Tiempo después, variadas situaciones la llevaron a una finca en el sur de Bolívar, donde sus padres hallaron apoyo, pero las adversidades seguían presentes, y cuando pensaban que habían encontrado un lugar digno para vivir, fueron presa de un falso propietario de un terreno, el cual perdieron cuando apareció el verdadero dueño.
Hoy, gracias al Gobierno del Cambio, está segura de que su vida ha cambiado para bien, porque ha sido beneficiaria de un pedazo de tierra en Las Delicias, la finca de 500 hectáreas que entregó el presidente Gustavo Petro en junio pasado a 51 familias de Aguachica y los municipios circunvecinos. Desde que entró en posesión del terreno como heredera de la Reforma Agraria, no ha hecho otra cosa que labrar la tierra para producir en beneficio de su familia.
“Gracias a Dios recibí esta tierra, ahora esperamos que nos entreguen el título para empezar a construir la casa donde podremos vivir sin que nadie nos eche o desaloje”, dice esta joven campesina, quien hace parte del grupo de mujeres rurales que interpreta cómo ser propietaria significa autonomía, empoderamiento y oportunidades de vida.