Agencia Nacional de Tierras reglamentará 8.200 hectáreas en el Cesar

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  • ✓ La entidad comenzó a intervenir ocho ciénagas y playones comunales en el departamento, con el fin de consolidar la información necesaria para regular y constituir seguridad jurídica de los usos ambientales sostenibles, en manos de las comunidades.
  • ✓ El Gobierno del Cambio reconoce el uso ancestral que las comunidades han hecho de esos territorios, asimismo, su importancia en la preservación de tradiciones y formas de vida.

Bogotá, 3 de marzo de 2025. @AgenciaTierras.

Con el objetivo de reglamentar alrededor de 8.200 hectáreas de bienes comunes, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— inició un trabajo en terreno en ocho ciénagas y playones comunales del departamento del Cesar.

Durante 15 días, el equipo de la ANT, conformado por agrónomos, ingenieros topográficos y catastrales, abogados y trabajadores sociales, adelantará una visita técnica de caracterización en las sabanas comunales de Vega Arriba (corregimiento Guaymaral) y San José (Valledupar), en Vallito (El Paso), playones de Medialuna (El Paso y Chiriguaná), playones de La Tigra (San Alberto), playones de La Tigrera (Gamarra) y playones Ciénaga La Reserva y de Aguas Negras (San Martín).

“Las acciones que adelanta la Agencia Nacional de Tierras son fundamentales para garantizar seguridad jurídica, generar sentido de apropiación de estos ecosistemas y empoderar al campesinado, atendiendo al cumplimiento de la Reforma Agraria en el país”, explicó la subdirectora de Administración de Tierras de la Nación, de la Agencia, Lina Salcedo.

La intervención está dirigida a identificar la información necesaria para emitir los reglamentos de uso y manejo sobre esos bienes de uso público en favor de la comunidad campesina que habita en los lugares en mención, entendiendo que el Gobierno nacional reconoce el uso ancestral que las comunidades han hecho de esos territorios, así como su importancia en la preservación de tradiciones y formas de vida.

De esta manera, la Agencia Nacional de Tierras garantiza la seguridad jurídica sobre los usos ambientales y atiende los conflictos por el uso de esos ecosistemas estratégicos. 

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